La reforma recientemente aprobada a la Ley Aduanera en México modifica el rol del agente aduanal y amplía su responsabilidad en los procesos de comercio exterior. De acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) capítulo Noreste, el agente deja de ser un intermediario operativo para convertirse en corresponsable del cumplimiento fiscal y documental, lo que conlleva nuevas obligaciones, mayores riesgos y un incremento en los costos de operación.
México depende en gran medida del comercio exterior —equivalente a 83% del PIB— y cuenta con 853 agentes aduanales que participan en la cadena de recaudación. Con la reforma, estos deberán verificar autenticidad documental, vigilar congruencia de expedientes e informar irregularidades, además de asumir responsabilidad solidaria sobre la información presentada. También se endurecen los criterios para cancelar o no renovar patentes, cuya vigencia dejará de ser vitalicia y pasará a 20 años renovables.
El Comce estima que las nuevas obligaciones podrían incrementar hasta 5% los costos de operación aduanera, tanto por honorarios como por demoras, almacenajes y tiempos de revisión, especialmente en puertos con alta carga operativa. Sectores como IMMEX y Recintos Fiscalizados Estratégicos enfrentarán mayores requisitos, lo que —según el sector privado— podría disminuir su atractivo y desacelerar flujos.
Aunque el objetivo oficial de la reforma es fortalecer la recaudación y combatir el contrabando, actores del comercio exterior advierten que el aumento de controles podría generar sobrerregulación y retrasos, en contraste con los compromisos de eficiencia asumidos bajo el T-MEC.
Ante este entorno, especialistas recomiendan a importadores y exportadores reforzar sus sistemas de cumplimiento, auditar expedientes junto con agentes aduanales, estandarizar documentación, acordar matrices de riesgo y presupuestar márgenes adicionales de costos operativos.
Fuente: T21
