Las iniciativas de reforma a la Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación (CFF), presentadas en septiembre, representan uno de los ajustes más relevantes en materia de comercio exterior en los últimos años. La reforma a la Ley Aduanera fue aprobada en lo general tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Las modificaciones plantean cambios de fondo en los procedimientos aduaneros y establecen nuevas obligaciones para empresas y agentes aduanales, con el objetivo de reducir incumplimientos, fortalecer la trazabilidad de mercancías y reforzar el control fiscal.
Ante este escenario, los actores del comercio exterior deberán incrementar sus inversiones en cumplimiento para mitigar riesgos legales y financieros, al tiempo que la autoridad ampliará sus facultades de fiscalización, limitará la posibilidad de corrección posterior al despacho y elevará el monto de las sanciones, incorporando infracciones adicionales.
Entre los principales retos para el sector empresarial se encuentran:
- Exigir mayor evidencia documental y controles de inventario que acrediten operaciones legales.
- Incremento de costos operativos por nuevas obligaciones, como la ampliación del plazo para cancelar cuentas aduaneras de garantía —de seis a doce meses—.
- Posibles retrasos en el despacho ante controles más estrictos.
- Adecuaciones en procesos internos, sistemas de control y capacitación del personal.
Los efectos no se limitan a las empresas. Los agentes y agencias aduanales —como intermediarios entre empresas y autoridad— serían de los más impactados, al enfrentar requisitos más estrictos y sanciones más severas, entre ellas:
- Verificar que importadores y exportadores cumplan con regulaciones no arancelarias, cuenten con infraestructura adecuada y no tengan vínculos con contribuyentes de alto riesgo.
- Asumir responsabilidad solidaria con el importador respecto al pago de contribuciones ante omisiones.
- Ampliación de causales de suspensión o cancelación de patentes.
Esto obligará a reforzar controles y coordinación con clientes, ya que cualquier error o incumplimiento podría derivar en responsabilidades compartidas.
La iniciativa también incorpora medidas para regular operaciones de plataformas tecnológicas de venta, así como de empresas de mensajería y paquetería internacional, con el fin de cerrar brechas normativas ante su crecimiento reciente.
Adicionalmente, se endurecen requisitos aplicables al Régimen Fiscal de Ensenada (RFE), como garantizar impuestos mediante cuentas aduaneras y elevar exigencias de seguridad. Las empresas IMMEX también enfrentarían mayor control en domicilios y mercancías autorizadas, por lo que será necesario revisar documentación y trazabilidad para evitar sanciones y asegurar continuidad operativa.
El enfoque central de la reforma busca fortalecer la cultura de cumplimiento aduanero, trasladando mayor responsabilidad preventiva a empresas e intermediarios. La rectificación posterior al despacho quedaría limitada, lo que implicaría un cambio importante respecto al derecho de autocorrección.
El incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de información comercial dejaría de considerarse una falta menor y sería tratado como contrabando. Las multas relacionadas con importación y exportación podrían elevarse entre 250 % y 300 % del valor comercial de la mercancía, incluso cuando se trate de errores administrativos.
En el CFF también se contemplan modificaciones, ampliando los supuestos de presunción de contrabando, como la falta de justificación del arribo de mercancías o la simulación de operaciones temporales. Las penas en estos casos se incrementarían de cinco a ocho años de prisión.
Frente al alcance de los cambios propuestos, la preparación se vuelve un factor clave. Se recomienda:
- Revisar procesos internos de comercio exterior, mensajería, IMMEX y RFE.
- Capacitar de manera continua al personal.
- Mantener comunicación estrecha con agentes aduanales, dado que la responsabilidad será compartida.
- Invertir en tecnología para garantizar trazabilidad y cumplimiento en tiempo real.
- Buscar asesoría especializada ante posibles auditorías o revisiones.
En síntesis, la reforma podría redefinir el marco operativo del comercio exterior en México. Si bien plantea nuevos desafíos, también puede favorecer un control interno más robusto y una trazabilidad más sólida sin comprometer la competitividad.
Fuente: Excelsior
