El pasado 9 de septiembre, la Cámara de Diputados recibió dos iniciativas de reforma enviadas por la Presidencia de la República, orientadas a modernizar el marco normativo del comercio exterior: la Ley Aduanera y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
La propuesta forma parte del Paquete Económico 2026 y busca modernizar, fortalecer y optimizar la legislación aduanera mexicana. Entre sus objetivos se encuentran mejorar la eficiencia en las operaciones de comercio exterior, garantizar el cumplimiento de las contribuciones fiscales y fortalecer los mecanismos de control en aduanas.
El documento plantea la digitalización de procesos mediante sistemas electrónicos avanzados, inventarios digitales, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de mercancías. Además, propone consolidar el papel de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), armonizando sus facultades para otorgar certeza jurídica a los actores involucrados.
Respecto al papel de los agentes aduanales, se reconoce su importancia estratégica, pero se plantean mayores obligaciones y controles. Entre las medidas destacan: certificación obligatoria cada dos años, vigencia limitada de patentes, creación de un Consejo Aduanero y ampliación de la responsabilidad solidaria en el pago de impuestos.
El proyecto también incluye disposiciones para mensajería y paquetería, ajustes al régimen de depósito fiscal, regulación más estricta de los recintos fiscalizados estratégicos y requisitos adicionales para el esquema de Operador Económico Autorizado (OEA). Asimismo, busca alinear la legislación con compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Diversos especialistas han señalado que la reforma podría representar una oportunidad para agilizar y transparentar procesos, pero también advirtieron que un marco demasiado restrictivo podría generar efectos adversos en la competitividad, la eficiencia logística y la recaudación.
En conjunto, la iniciativa plantea un rediseño profundo de la legislación aduanera mexicana, con énfasis en la modernización tecnológica, la transparencia institucional y el fortalecimiento de la fiscalización, aunque su impacto dependerá de la forma en que se implementen las disposiciones.
Fuente: T21
