El gobierno de México solicitó formalmente a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que lo excluya de una investigación sobre presunto “exceso estructural de capacidad” en el sector manufacturero. La investigación fue iniciada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y busca revisar si ciertas economías aplican políticas o prácticas que puedan afectar el comercio estadounidense.
En su respuesta, la Secretaría de Economía sostuvo que no existe una base legal ni factual para incluir a México en el procedimiento. De acuerdo con el gobierno mexicano, la manufactura de México, Estados Unidos y Canadá opera con un alto grado de integración, especialmente en sectores como el automotriz, donde componentes y autopartes cruzan varias veces la frontera antes de convertirse en productos finales.
México también advirtió que una eventual medida unilateral derivada de la investigación podría afectar las cadenas de suministro de América del Norte, elevar costos de producción, presionar precios al consumidor y generar pérdida de empleos manufactureros. El país señaló además que este tipo de acciones podría abrir dudas sobre su compatibilidad con compromisos asumidos por Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio y en el T-MEC.
Como parte de sus argumentos, la Secretaría de Economía citó datos de empleo manufacturero de ambos países. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, Estados Unidos perdió 102 mil empleos en el sector, mientras que México registró una reducción de 111 mil 347 plazas. Para el gobierno mexicano, esta caída simultánea muestra que ambos países comparten un mismo ciclo manufacturero y que no existe un desacoplamiento que indique sobrecapacidad estructural en México.
La USTR incluyó a México y a otras economías en la investigación al señalar posibles indicios de sobrecapacidad en sectores manufactureros. En el caso mexicano, el organismo estadounidense citó el superávit comercial de bienes con Estados Unidos y el peso de la industria automotriz dentro de las exportaciones.
El proceso ocurre en un contexto de tensiones comerciales y de revisión de las reglas de integración regional. Mientras Estados Unidos argumenta que busca proteger su base industrial, México defiende que su manufactura forma parte de una cadena norteamericana compartida y que imponer medidas adicionales podría afectar la competitividad de la región.
Fuente: El Financiero
